Imagen descriptiva generada con Inteligencia Artificial
Apple no es la única empresa que aplica un modelo de negocio de obsolescencia programada. Lo siguen Samsung, Microsoft y HP (Hewlett-Packard), descartando electrodomésticos, televisores, productos de moda, baterías y autos, dentro de una lista interminable. Su vida útil y durabilidad son deliberadamente limitadas.
Francia ha sido el primer país en mucho tiempo en liderar un movimiento contra la obsolescencia programada de manera pública. Hace menos de un año, durante el E-waste day, The WEEE Forum, organización belga sin fines de lucro, publicó las encuestas realizadas desde junio a septiembre de 2022 por los miembros del Foro de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
Los resultados revelaron que, de los aproximadamente 16 mil millones de teléfonos móviles en posesión en todo el mundo, unos 5.3 mil millones se convertirán en residuos en 2022 y solo una pequeña fracción será eliminada correctamente.
Cada vez que un iPhone necesita reparación, el consumidor se encuentra ante una situación poco favorable: las piezas no pueden ser reparadas ni sustituidas y los precios resultan inaccesibles. El problema termina por derivar en talleres únicamente acreditados por Apple. Sin opciones, los usuarios se ven obligados a descartar dichos teléfonos.
Con este panorama, un fiscal delegó la investigación a la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) de Francia, con facultades para multar a la compañía y también para determinar si las restricciones a la reparación del iPhone infringen la legislación del país. Este caso consolida la voluntad de Francia de enfrentarse a Apple y al modo en que fabrica sus productos.
En el pasado la empresa estadounidense ya ha sufrido sanciones por parte del país europeo. Después del escándalo de las baterías en 2017, fue multada con 25 millones de euros (27 millones de dólares) al no haber informado a los consumidores sobre la reducción del rendimiento de los dispositivos más antiguos, debido a las actualizaciones del sistema operativo. Esta multa fue el resultado de una denuncia presentada por HOP y tuvo repercusiones a nivel global. Nueve meses después, Apple fue condenada a pagar 113 millones de dólares en Estados Unidos por limitar intencionalmente el rendimiento de las baterías de sus teléfonos antiguos, en un caso presentado por 34 estados. La empresa sigue enfrentando las consecuencias de este episodio.
Recientemente, Apple solicitó a un tribunal en el Reino Unido que desestimara una demanda colectiva de dos mil millones de dólares, que acusa a la compañía de encubrir baterías defectuosas de iPhone, mediante actualizaciones de software, según informó Reuters.