Protestas contra la construcción del Canal Interoceánico. Fuente
El 18 de abril de 2018 las calles de las principales urbes de Nicaragua se llenaron de ciudadanos, especialmente jóvenes estudiantes en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si bien la causa inmediata del estallido había sido el intento de reforma bajo lineamientos del Fondo Monetario Internacional, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, poco se habla del rol que jugó el incendio de la Reserva Indio Maíz diez días antes y, especialmente, el ciclo de protestas abierto en el año 2014, tras la sanción del proyecto que estipulaba la creación de un canal interoceánico que uniría el Atlántico y el Pacifico a través del país nica.
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Podríamos decir que la historia de Nicaragua es la historia de los intentos por construir allí un canal que uniera el Mar Caribe y el Pacifico. Los primeros proyectos datan, de hecho, del siglo XVIII cuando lo que hoy es el país era una provincia de la Capitanía General de Guatemala, es decir, parte de los territorios españoles en América. Sin embargo, ya desde ese momento el Canal no pudo llevarse a cabo, así como tampoco pudo realizarse con financiamiento estadounidense durante el siglo XIX -primero, cuando Nicaragua formaba parte de la República Centroamericana; luego, ya como país independiente-.
Las idas y vueltas en torno al Canal fueron determinantes desde la independencia nicaragüense hasta la finalización del Canal de Panamá en el año 1914 y la firma del Tratado Bryan-Chamorro en ese mismo año, que estableció que Estados Unidos tendría a perpetuidad los derechos de construcción del Canal cuando lo quisiera conveniente, además de los permisos para establecer bases en Nicaragua con el fin de proteger el canal panameño.
El proyecto desencadenó choques entre potencias, intervenciones foráneas e incluso fue decisivo en el devenir de la Guerra Nacional Centroamericana, desatada a partir de la invasión del filibustero estadounidense William Walker, a fines del siglo XIX, quien estableció el inglés como idioma oficial y restituyó la esclavitud. Lo decisivo del Canal en este caso sucedió cuando Walker le quitó los derechos de construcción del Canal a Cornelius Vanderblit, un magnate estadounidense que, obviamente, se calentó de tal manera que acabó siendo el gran financista en la guerra contra los ejércitos filibusteros. Pero eso es historia para otro artículo.
La cuestión es que, tras el congelamiento del problema durante prácticamente un siglo, desde el 2013, el Canal reapareció fuertemente en el debate público. En ese año la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley 840 que estableció las normas jurídicas para la concesión y la construcción del Canal. La empresa encargada de todo esto sería la china Hong Kong Nicaragua Development Investment (HKND). Vale aclarar que el Tratado Bryan-Chamorro se vio cancelado en el año 1970.
Daniel Ortega junto a Wang Jing, principal accionista de HKND. Fuente
Ahora bien, ¿quién podría oponerse a la concreción de un proyecto frustrado durante más de un siglo? Bueno, acá arrancan los problemas, porque el plan de construcción del Canal interoceánico traía consigo más inconvenientes que virtudes y más perdedores que ganadores.
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La sanción de la ley 840 fue polémica desde el inicio, tanto por sus formas como por su contenido. El primer problema tiene que ver, justamente, con la empresa designada para la construcción canalera. No solo HKND carecía de experiencia en este tipo de proyectos, sino que había sido creada de manera sospechosamente reciente. A esto se le debe sumar que el proceso por el cual fue designada no contó con una licitación pública. Las condiciones de contratación también fueron extremadamente ventajosas para la empresa: se le concedía no solo la construcción sino la concesión del Canal por cincuenta años, renovables por otro medio siglo más. Finalmente, y quizás lo más importante para esta nota, el proyecto fue aprobado sin la realización de estudios previos de viabilidad tanto ambiental como cultural.
Este problema se acrecienta al ver el contenido específico de la normativa. En principio, la ley establece la posibilidad de expropiar numerosas tierras, a la vez que permite la realización de otros proyectos independientes y adyacentes al Canal, para los cuales también se preveían la confiscación de los terrenos colindantes al mismo, otorgándole importantes derechos a los inversores que podrían quedarse con grandes porciones de tierra y diversos recursos naturales.
Ahora bien, el plan establecía la construcción del Canal en torno al Río Punta Gorda, pasando por la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, una zona densamente poblada por indígenas y campesinos que viven de manera autosuficiente. Particularmente, el proyecto de ley estipula la posibilidad de expropiar el 52% de las tierras de los pueblos Rama-Kriol, protegidas constitucionalmente y por diversas leyes que reconocen la propiedad de la tierra de los pueblos originarios.
Ruta propuesta para el Canal interoceánico. Fuente
Debemos destacar que la población originaria del lugar vive, especialmente, de los recursos naturales del lugar donde habitan, fundamentalmente, de los otorgados por la pesca, por lo tanto, la construcción del Canal allí impediría el acceso al agua y con ello, su principal recurso. Si bien el gobierno estableció la posibilidad de indemnizar a aquellos cuyas tierras sean expropiadas para la construcción de Canal, los habitantes de estos pueblos cuentan con un gran problema: tienen la posesión de la tierra, pero no la propiedad que es del Estado. Por lo cual, ni siquiera recibirían una compensación dado que la ley establece que las tierras públicas requeridas serían entregadas de manera gratuita a los inversionistas. A esto debemos agregar que el mecanismo legal estuvo diseñado de tal manera que, incluso sin la realización del Canal, las tierras podían ser expropiadas igualmente para otro tipo de negocios. De hecho, al día de hoy, el proyecto no fue realizado y se encuentra estanco, pero la ley sigue vigente.
Todo esto encendió las alarmas de los afectados. Rápidamente los pueblos Rama y Kriol, así como la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y el Consejo de Ancianos de la Comunidad Mískitu de Tasbapounie denunciaron la inconstitucionalidad del proyecto, afirmando que no fueron consultados cuando se elaboró la ley 840 que los afectaba directamente. A esta denuncia inicial se sumaron otros 31 recursos de inconstitucionalidad: el mayor número de denuncias contra una ley en la historia nicaragüense. Todos ellas, no obstante, fueron rechazadas en diciembre del 2013 por la Corte Suprema de Justicia.
Esto hizo que comiencen las protestas masivas de las comunidades originarias contra el proyecto canalero. La primera gran manifestación sucedió en diciembre del 2014 en Managua y si bien no contó con mayores incidentes, las que siguieron fueron sucesivamente reprimidas por el gobierno. En total, entre 2014 y 2018, sucedieron unas 90 manifestaciones. Por lo cual cuando sucedió el estallido de abril de este último año, el descontento ya tenía una tradición. Sin embargo, el detonante acabaría siendo el incendio de la Reserva Indio Maíz.
La Reserva Biológica Indio Maíz es uno de los bosques tropicales húmedos más importantes de Centroamérica. Como lo indica su página, cuenta con unos 2639 km2 -un tamaño diez veces mayor a la superficie de Managua-, de los cuales un 70% son territorios ancestrales de los pueblos Rama y Kriol. La reserva tiene un rol ecológico fundamental -conviviendo allí unas 500 especies- y, como tal, tiene una protección jurídica específica. De hecho, el acceso está restringido a gran parte de la misma.
Incendio en la Reserva Indio Maíz. Fuente
No obstante, en abril del 2018, un incendio devoró 5 mil hectáreas de la Reserva. El incidente habría comenzado días antes en la comunidad Siempre Viva en San Juan de Nicaragua. Sin embargo, a pesar de que se le solicitó ayuda al gobierno para que sea posible que se apague, la misma llegó tres días después, cuando el incendio ya se había expandido por la Reserva Indio Maíz. El fuego habría sido provocado voluntariamente con el fin de expandir la frontera agrícola, como sucede en el Amazonas y en los humedales argentinos.
Esto dio lugar a numerosas protestas contra el gobierno por la negligencia con la que fue tratado el caso. En paralelo, se anunció la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La mecha que se encendió en el 2014 finalmente comenzaba a explotar.
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Se estima que las protestas, iniciadas en abril del 2018, dejaron un saldo de más de 300 muertos. A eso debemos sumarle el encarcelamiento, en ese momento, de unos 30 dirigentes opositores. El problema ambiental en Nicaragua coincide, también, con una profunda crisis de su sistema político que tiene sus orígenes a finales de los ‘90. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), alguna vez profundamente revolucionario, penduló desde su vuelta al poder en el año 2006 entre alianzas con sectores a los que siempre se opuso como la Iglesia, políticos liberales y conservadores y el empresariado.
El año pasado se celebraron unas nuevas elecciones que dieron como ganadora a la fórmula de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En los meses previos, la gran mayoría de los candidatos fueron apresados o se encuentran hoy en el exilio. Respecto al Canal, sigue estancado. La ley 840, por su parte, aún sigue en funcionamiento.
Sugerimos leer :
- Acosta, M. L. (2016). El Impacto de la Ley del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua sobre los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua. Cuaderno Jurídico y Político, 1(2), 21–31.
- Antunes, A. A. (2018). Del canal al espejo: ¿quién es el pueblo en Nicaragua? En A. A. Antunes, C. E. Villacorta, & E. de Gori (Eds.), Nicaragua en crisis (pp. 135–151). CLACSO.
- Arnaiz Burne, S. M., & Dachary, A. A. C. (2014). EL CANAL INTEROCEÁNICO DE NICARAGUA: UNA GEOPOLÍTICA CON HISTORIA. Desenvolvimento Regional em Debate, 4(1).
- Fernández Hellmund, P., & Romero Wimer, F. G. (2019). Crisis política en Nicaragua: un análisis para su comprensión. Tensões Mundiais, 15(28), 273–294.
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