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El Perú hoy está envuelto en una vorágine de violencia extrema desatada desde el propio Estado contra los pueblos, regiones y sectores sociales movilizados. Lo que ocurre en nuestro país ya ha sobrepasado los límites antes impuestos por los propios gobiernos neoliberales que padecemos, al menos en los últimos 20 años. Desde un marco democrático e institucionalista (que tanto defiende la élite peruana) tenemos una retahíla de violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales contra la población movilizada. Vemos con estupor cómo es que el Estado peruano solo atina a responder con represión criminal antes que buscar la prevención del conflicto social (contamos con más de 50 asesinados, según cifras oficiales). Es evidente el fracaso del modelo económico, pero también de la estructura política sobre la que se sienta las bases de una república fallida que nunca entendió su composición sociológica ni su complejidad cultural.

 

Contexto político

Ahora bien, este nuevo panorama de conflictividad tiene su inicio el 7 de diciembre del 2022. Ese día estaban previstos el debate y la votación en el pleno del Congreso de otra moción de vacancia contra Pedro Castillo. Adelantándose a dicha votación, Castillo anuncia la disolución temporal del Congreso y la instauración de “un gobierno de emergencia excepcional” señalando que se convocarán elecciones “en el más breve plazo” para establecer un Parlamento con facultades para la elaboración de una nueva Constitución en un tiempo “no mayor de 9 meses”.

Sin embargo, esta medida fue cuestionada desde la oposición parlamentaria, el poder mediático, los gremios empresariales y la propia sociedad civil, puesto que no se ajustaba al marco constitucional debido a que la Carta Magna peruana, en su artículo 134°, señala que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso solo “si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de ministros”, y esto no llegó a suceder. Al instante, el Congreso rechazó formalmente la disolución y convocó un pleno para agilizar una nueva y decisiva moción de vacancia contra Castillo. En tanto, desde el interior del Ejecutivo ya se daban una cadena de dimisiones con la renuncia de los ministros de Trabajo, Exteriores, Economía, Justicia y Defensa. Sumado a esto, tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacían público su deslinde de la decisión de Castillo, dejándolo totalmente solo y a merced de una inminente detención. Mientras tanto, en tiempo récord, el Congreso consiguió la destitución a Castillo con 101 votos a favor, y se llamó a la vicepresidenta Dina Boluarte para que asuma el cargo de presidenta.

La primera sensación, tras el grosero error político de Castillo para provocar él mismo su vacancia, fue de desconcierto general puesto que era inevitable traer a la memoria social el autogolpe que perpetró Alberto Fujimori en abril de 1992. Aunque habría que puntualizar que, para tal medida fáctica, el exdictador sí contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y un partido político estructurado que le permitió sostenerse hasta su inminente caída en el 2000. Por su parte, Castillo se fue quedando solo por el constante acecho del Parlamento golpista que desarrolló un plan de desestabilización permanente desde el inicio a partir de un proceso obstruccionista que no permitió implementar las bases mínimas para las reformas y programas sociales que el gobierno había prometido en campaña. Es así que el “primer gobierno de izquierda” que el Perú tenía terminaba a los 18 meses, sumido por las arremetidas externas y por las limitaciones internas. El partido Perú Libre, que fue la orgánica que cobijó a Castillo para ganar las elecciones generales, también se apartó del exmandatario aduciendo no compromiso con “casos de corrupción” que evidentemente habían llegado a Palacio de Gobierno a través del entorno presidencial (asesores, ministros, secretarios, familiares, etc.).

Sin embargo, la percepción social se mantuvo firme respecto a la agenda golpista de la oligarquía y de sus operadores políticos de la derecha parlamentaria. Es así que apenas empezó la crisis presidencial con la vacancia e inmediata detención a Castillo, se inició un periodo de movilización que inició con su sector de adeptos más cercanos generando un cerco y mitin de apoyo en los exteriores del recinto penitenciario exigiendo “libertad y reposición a Castillo”. No pasó mucho tiempo para los frentes de defensa regionales, los gremios sindicales y las comunidades originarias del interior del país, convocaran a movilizaciones masivas donde siempre se plantearon los puntos claros de lucha: Renuncia de Dina Boluarte (por su evidente papel de traición al proyecto político que la llevó al gobierno y por su sumisión a la ultraderecha nacional), cierre del Congreso (por su labor golpista y reaccionaria), implementación de una Asamblea Constituyente (que elabore una nueva Constitución para superar la que tenemos actualmente, heredada de la dictadura y de marcado cariz neoliberal y antipopular) y adelanto de elecciones generales (a partir de la consigna del “que se vayan todos” se exigían nuevos comicios para reiniciar un nuevo periodo democrático, pues existe un malestar generalizado contra todos los actores políticos actuales, en los tres poderes del Estado).

Bajo este pliego de reclamos es que se generaron las protestas en regiones como Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Arequipa, Ica, para luego extenderse hasta La Libertad, Junín, Moquegua, Tacna, Áncash, Loreto, Ucayali, etc. Se generó un proceso espontáneo de articulación de demandas sociales concatenadas a una respuesta contundente al manejo político del país y con un claro perfil de hartazgo sociocultural por la imposición de una república truncada que desde su fundación jamás entendió ni comprendió la complejidad orgánica de los pueblos originarios de las tres regiones del país. Existe un evidente levantamiento contra una estructura que siempre fue controlada por la elite política para defender los intereses de la oligarquía local heredera de los vicios y perjuicios generados desde la colonia hasta nuestra época.

 

Terrorismo de Estado

En tanto, la nueva gestión en el gobierno solo atinó a cumplir públicamente un papel de sometimiento a los poderes fácticos que operan abierta o encubiertamente. La nueva presidenta, Dina Boluarte, se encargó de ratificar el carácter ilegítimo de su administración. No dudó en desarrollar todo el proyecto represivo de la ultraderecha que ya se venía cocinando desde el Congreso bajo la complicidad de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los altos mandos militares y policiales. Es así que entramos en un nuevo período beligerante en el largo historial macartista de Perú. En el interior del país se sufría un cuadro de crímenes extrajudiciales durante las protestas, mientras que en Lima se imponía una ola de allanamientos ilegales (sin presencia de fiscales ni abogados) a locales de organizaciones sociales (Confederación Campesina del Perú) y de grupos políticos (Nuevo Perú, Voces del Pueblo) a la par de las denuncias difamatorias públicas contra activistas y orgánicas de izquierda, todo bajo la torpe pero interesada labor de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE).

Como decíamos, durante la primera semana que secundó a la toma de mando de Boluarte, se dieron innumerables movilizaciones con saldos represivos de nivel alarmante. La primera región que se tiñó de sangre fue Apurímac. Luego, la mayor cantidad de muertes se produjeron cuando los manifestantes intentaron tomar los aeropuertos en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca. El 12 y 15 de diciembre y, luego, el lunes 9 de enero de este año, grupos de manifestantes ingresaron o intentaron llegar a los aeropuertos de Andahuaylas, Huamanga y Juliaca, respectivamente. Todo esto dentro de una dinámica facilista y reaccionaria (militarización galopante) de imponer Estado de Emergencia y Toque de Queda para “controlar” a las zonas más álgidas.

Las fuerzas represivas –entre policías y militares– respondieron con disparos de proyectiles de armas de fuego en la cabeza y el tórax. Así lo confirman las necropsias de varias de las víctimas. “Herida penetrante en tórax posterior por proyectil de arma de fuego”, “herida penetrante en cabeza por proyectil de arma de fuego”, evidenciaban dichos documentos. Es importante mencionar que las pruebas sobre el uso de armas de fuego contra civiles por parte de los militares desde el inicio de la represión son distintas y numerosas, pero no se han detenido a pesar del llamado de la Defensoría del Pueblo. Las necropsias realizadas a ocho de los diez jóvenes que fallecieron en Ayacucho (en la segunda mitad de diciembre último) señalan que recibieron impactos por proyectiles de arma de fuego (seis de estos, fueron en el tórax; en uno, fue en el cráneo y, en otro, en el abdomen).

Entre los asesinados se cuentan siete menores de edad, tres de ellos eran escolares. El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público reportó que solo en Juliaca –la región con mayor número de muertes– diez de los 18 occisos presentaban proyectiles disparados con armas de fuego. Cabe acotar que algunos de los fallecidos no participaban en las protestas, regresaban a casa o integraban brigadas de ayuda, e igual fueron alcanzadas por los disparos. Las imágenes registradas por la prensa regional y por diferentes pobladores exponen el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas represivas. Incluso, hay casos como los del joven cusqueño y estudiante de gastronomía, Rosalino Flores Valverde, de 21 años, quien recibió más de 30 proyectiles de armas de fuego en su cuerpo. Los médicos informaron que tiene muy afectados sus intestinos, riñón y pulmón. Su estado sigue siendo muy crítico.

 

 

Frente a este macabro panorama, se tejen voces que desde la derecha más cavernaria intentan sentar discursos que defienden lo indefendible para excusar a los culpables de estos crímenes. Por ello, creemos necesario apuntar al análisis objetivo para mencionar que las acciones policiales para prevenir los disturbios en protestas están enmarcadas en el decreto legislativo 1186 (aprobado en agosto del 2015), que regula el uso de la fuerza policial. Concretamente se sabe que la policía no debe disparar a corta distancia de los manifestantes y, cuando lo haga, no puede hacerlo hacia la parte superior del cuerpo, sino hacia la zona inferior. Incluso, la propia norma policial define que el uso arbitrario de la fuerza “es todo uso de la fuerza no justificado, con incumplimiento de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que afecta derechos fundamentales”. Sin embargo, hay varios muertos y heridos críticos por disparos de perdigones a muy corta distancia.

Por su parte, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señalan que “la policía únicamente está autorizada para utilizar la fuerza letal en casos de grave riesgo y peligro inminente para la vida. No está permitido utilizar la fuerza letal para desbloquear carreteras, para proteger infraestructuras y mucho menos para disolver una multitud o para proteger la propiedad privada”, pero las imágenes de las protestas desde el 7 de diciembre hasta el momento muestran que la policía dispara bombas lacrimógenas y perdigones contra el cuerpo de los manifestantes. También muestran cómo los militares dispararon sus armas de guerra de largo alcance durante la represión, incluso cuando los manifestantes ya huían del lugar.

Y si queremos ser aún más incisivos con el accionar represivo, habría que añadir que la Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con un manual de procedimientos para las operaciones de mantenimiento y restablecimiento de orden público (del 2016), que define el marco legal para la aplicación de la fuerza y el equipamiento que deben utilizar en estas situaciones. También incluye las distintas tácticas para controlar los posibles actos de violencia con estricto respeto a los derechos humanos. El equipamiento policial, según este documento, consta de traje de protección corporal, armas no letales, bastón, gas pimienta, casco antimotín, máscaras antigás, armas de fuego de puño y armas de largo alcance, dependiendo de las funciones asignadas a cada unidad. Sobre esta base, en octubre del 2022, la Comandancia General de la Policía Nacional emitió una resolución donde se establecía los lineamientos administrativos y operativos aplicables a las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, señalando que: “El uso de la fuerza es excepcional, debe ser planificado y limitado proporcionalmente, debiendo previamente haberse agotado todos los demás medios de control, incluyendo el punitivo”, y que si en cumplimiento de sus funciones, la policía hace uso de la fuerza en todo lugar y circunstancia, “es prioritaria la conservación de la vida e integridad física de las personas, de sí mismo, e inclusive de los infractores de la ley”. Esto, evidentemente, no sucedió.

Asimismo, hay que mencionar que, según la propia directiva de la PNP, los daños al bien público o privado, lanzamiento de objetos contundentes y la agresión y violencia perpetrada por manifestantes son tipificados como agresiones no letales. Por ello, la policía solo debe emplear “tácticas defensivas no letales”, como el uso de gases lacrimógenos, agua o los perdigones de goma. Solo cuando la agresión de los manifestantes es letal, intensa, peligrosa e inminente para la vida, la policía puede hacer uso excepcionalmente de las armas de fuego letales. En su documento, la policía señala cómo debe actuar: “el personal policial no debe emplear armas de fuego letales, salvo cuando se individualice a la persona que genere un peligro real e inminente de muerte o de lesión grave contra el personal policial o terceros, y cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas; para lo cual, se conforma un equipo especial de respuesta que cuente con el entrenamiento, capacitación y certificación debida, provistos de arma de fuego letal, quienes actuarán de manera excepcional”.

Y del lado de la población movilizada, solo se registra, básicamente, el uso de piedras, palos, objetos caseros y herramientas originarias (huaracas y hondas). Por lo que ninguno de estos objetos constituye un arma letal en sí mismo. Es decir, el principio de proporcionalidad a la que está sujeto el cuerpo policial, no solo no se cumplió, sino que se desconoció de facto para dar paso a un espiral de asesinatos frente a las masas en lucha, pero sin equipamiento simétrico que justificaría tal respuesta armada por parte de las fuerzas represivas. Es por ello que desde todas las instancias de derechos humanos se encendieron las alarmas para buscar frenar estos crímenes, recordando que, si bien es cierto, en Estado de Emergencia, algunos derechos constitucionales se suspenden, estos no se anulan ni se conculcan, por lo que debería respetarse los protocolos existentes para periodos de conflictividad social como la que atravesamos en Perú.

En las protestas se registraron, además del uso de perdigones y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, disparos de fusiles AKM y galil. Estas últimas armas fueron empleadas por militares en Ayacucho, donde también se evidenció que personal de la institución castrense dirigió las ráfagas directamente hacia el cuerpo de los manifestantes. Cabe mencionar que la presencia de las Fuerzas Armadas se dio después de que el Ejecutivo decretara el Estado de Emergencia, primero, en ciertas regiones y, luego, lo extendiera a todo el país. La resolución, publicada en el diario El Peruano, autorizó que la PNP, con ayuda de las FF.AA., se haga cargo del control interno. “La historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos”, señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre este asunto.

Y en cuanto al uso de las bombas lacrimógenas también hay cosas que decir. Se sabe que, en Andahuaylas, Ayacucho y Puno, la policía arrojó estos proyectiles desde los helicópteros contra los manifestantes. Y, a pesar de las advertencias de organizaciones de derechos humanos y entidades públicas, lo ha continuado haciendo. “El procedimiento reglamentario es usar las bombas lacrimógenas en trayectoria parabólica, no vertical. Había una directiva específica, pero la derogaron y no han sacado una nueva. (Esta) señalaba expresamente el disparo parabólico. En todo caso, ello se deriva de los principios de uso de la fuerza. El disparo vertical multiplica los efectos letales”, comentan desde la CNDDHH. Estos hechos también los hemos padecidos durante las manifestaciones en Lima. Durante las protestas diarias en nuestra capital, se ha normalizado el contar con heridos por lesiones de gravedad debido al disparo de estas bombas directamente al rostro, tórax o piernas. No son casualidades, sino causalidades para amedrentar y mermar en la voluntad combatiente del pueblo que recurre a la acción directa de masas.

Todo esto sumado a los montajes policiales a nivel nacional. Se ha tomado como excusa para la brutalidad represiva el variopinto panorama de ataques y saqueos a locales privados e instituciones públicas. Si bien es cierto, es evidente el nivel de lucha contundente que una vez más se ha sentido desde las bases populares, tampoco hay que perder de vista la abundante prueba que señala el alarmante y cínico papel de infiltración policial (agentes Terna) en las movilizaciones. Son estos elementos camuflados quienes han provocado incendios (en provincias y en Lima con un edificio histórico siniestrado en plena protesta en una principal plaza del centro de la ciudad), destrucciones y robos a mansalva (los vídeos, fotos y testimonios así lo demuestran).

Se dejan descubrir a partir de dinámicas de acción ajenas a las asambleas sociales donde se discute y aprueba los mecanismos de protesta, violentos o no, pero consensuados y con legitimidad probada. Ya la propia masa ha logrado separar y romper tajantemente con estos agentes provocadores. Tenemos una efervescencia de gran escala que ha desembocado en acción directa de masas. No es como desde el poder burgués (o sus ecos socialdemócratas) dicen ligeramente de que se trataría de grupúsculos marginales actuando al margen de la protesta “ciudadana”. Más allá de los infiltrados (operadores policiales de “inteligencia”) que evidentemente están “camuflados”, no subestimemos la capacidad de lucha de los de abajo. Hay descontento traducido en confrontación al poder de turno y que debería canalizarse como capacidad política de la clase obrera en alianza con el movimiento popular.

Ahora bien, desde la década de los 90, en que sufrimos la dictadura cívico-militar de Alberto Fujimori, no veíamos tales niveles de violencia desmesurada contra los pueblos movilizados. Es inevitable la comparación entre ambos regímenes (Fujimori y Boluarte): Asesinatos por balas policiales durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias, allanamientos sin fiscales de locales políticos y universidades públicas, reglajes e infiltraciones a activistas y organizaciones sociales, torturas y humillación en las comisarías, militarización de zonas en conflicto, tanquetas en las calles, francotiradores en iglesias y edificios, sabotajes y montajes policiales, sembrado de pruebas falsas para deslegitimar y criminalizar, compra de prensa corporativa, suspensión de derechos constitucionales, difamación y calumnia contra dirigentes de base, violación de derechos humanos, represión brutal a todo acto de protesta, persecución contra activistas opositores… Todo esto con la complicidad del Congreso, la Fiscalía, la iglesia, la CONFIEP, la PNP y las FF.AA.


Tareas para el movimiento popular

Arribamos a una conflictividad que no es nueva, sino que es el desborde del cúmulo de décadas de postergación y extrema marginación. Hoy estalla un pedazo de territorio que fue fragmentado desde el inicio, que nunca dejó de ser colonia y que jamás se liberó del yugo oligárquico. Los pueblos del interior solo responden ante la impunidad del manejo del país a manos de una minoría que detenta el control absoluto desde los poderes del Estado. Y es tanta la arremetida de los nuevos y viejos actores de la ultraderecha que nos han llevado a un escenario de derrota segura y permanente, donde cualquier posible “salida” a la crisis termina siendo funcional a sus intereses. ¿Renuncia de Dina Boluarte? ¿Adelanto de elecciones? ¿Cierre del Congreso? ¿Que se vayan todos? ¡Sí! ¿Y luego qué? El panorama inmediato, si es que se cumplen esas demandas, no sería mejor que el ya tenemos. ¿La izquierda hoy tiene capacidad de articular y capitalizar todo el desborde popular? ¿Hay forma de aterrizar sobre tensiones subjetivas hacia la izquierda todo el estallido objetivo que estamos viendo?

El adelanto de elecciones se ha dado. Ya no esperaremos hasta julio del 2026 para tener nuevo gobierno, sino que se ha señalado (luego de una presión sobre un Congreso de mayoría derechista) que tendríamos comicios en abril del 2024. Pero para el grueso de los manifestantes, esto seguiría siendo insuficiente, pues se exige un nuevo proceso electoral para este año (esto colisiona con la normativa jurídica y estructural para que se realice tal proceso). Asimismo, de renunciar Boluarte, le sucedería constitucionalmente José Williams, actual presidente del Congreso, y otrora militar responsable de la masacre de campesinos en Accomarca (Ayacucho) en 1985, durante el periodo del conflicto armado interno. Es decir, el sucesor sería igual o peor que la actual mandataria. Por eso hablábamos de la victoria segura de la derecha en cualquier posibilidad. Es así que entraría a debate un nuevo subescenario de lucha donde la propia movilización popular exija la salida de Boluarte, la exclusión de Williams y la toma del gobierno de una figura neutra, del centro democrático que se encargue de acelerar un gobierno transitorio. Esto es muy complicado, pero no hay otra salida que la población acepte.

Lo de la Asamblea Constituyente (AC) es un tema aparte, pues merece un mayor desarrollo analítico del tema. Nuestro antecedente más inmediato es la Asamblea de 1979 que consiguió una carta magna abocada a buena parte de las demandas sociales de su tiempo, y que luego fue anulada para imponer la Constitución de 1993 bajo la dictadura fujimorista. Allí se introdujo el neoliberalismo como modelo económico en boga “viable y sustentable” para salvar la hiperinflación y la crisis estatal de la década de los 80. La propuesta de la AC fue tema importante durante la campaña presidencial de Pedro Castillo con Dina Boluarte a su costado. Hoy, ella nos dice que “lo de la Asamblea Constituyente es un pretexto para seguir bloqueando carreteras y seguir quebrantando la institucionalidad del país. Un tema de Asamblea Constituyente y nueva Constitución no es de la noche a la mañana. Es un trabajo que tiene que hacer la misma población”. El pretendido izquierdismo que mostró antes de llegar al gobierno, nunca fue tal, pues apenas pudo empezó a ser el eco de los sectores más beligerantes del anticomunismo que quieren imponer la narrativa de la imposibilidad de un cambio constitucional o el impacto nefasto que tendría si solo se llevase a referendo.

Pero insistimos en el desgaste de las posibilidades orgánicas desde la izquierda nacional, como factor a tomar en cuenta para la recomposición del país. Desde la época del fujimorato se dinamitó por dentro y por fuera toda estructura mínima de este espectro político. Con la ultraliberalización de la economía vino la ola de privatizaciones de las empresas estatales y el consiguiente proceso de despidos masivos de la masa obrera. Se agudizó la arremetida gubernamental para desarticular y hasta desaparecer sindicatos que fueron fuerza motriz en jornadas de lucha de décadas pasadas. Muchísimos dirigentes sindicales y gremiales fueron asesinados a manos de los grupos paramilitares y parapoliciales (principalmente el Comando Rodrigo Franco y el Grupo Colina, en las décadas del 80 y 90, respectivamente). Bajo la eterna excusa de la “lucha antisubversiva” se criminalizó a toda orgánica de izquierda y se melló en todo el capital humano y militante acumulado desde cuarenta años antes.

Después de un largo periodo de ostracismo, inoperancia e intrascendencia a nivel de masas, la izquierda peruana se vio renovada con la aparición del partido Perú Libre, pues respondía a una lógica distinta. No era una estructura capitalina, sino de arraigo regional con base en una zona estratégica de la sierra central. Se definían abiertamente como “marxistas, leninistas, mariateguistas” y mantenían un espíritu de confrontación con el sistema imperante, pese al halo conservador (en materia sociocultural) que sobre ellos había. Llegaron a la segunda vuelta bajo una tensa polarización que evidenció el rostro más miserable de la elite peruana. Jamás se aceptó que Castillo, un hombre salido del campo y con pasado sindicalista, llegara a gobernar el país. Esta misma dinámica de racismo cultural e institucional, movilizó a buena parte del país en torno a una consigna de solidaridad con Castillo y su entorno político, y en contra de la maquinaria corrupta y autoritaria que encabezaba Keiko Fujimori (la hija del exdictador). Pero no pasó mucho para que, desde el poder, Castillo mismo (y Perú Libre también) demostrara los errores y limitaciones en su gestión, desnudando un populismo gaseoso en vez de firmeza y convicción ideológica. Se caía estrepitosamente “el primer gobierno de izquierda” en toda la historia del Perú.

Volviendo al escenario actual, solo queda seguir empujando el curso de la historia hacia escenarios de mayor alcance. Hoy la demanda por una Asamblea Constituyente se muestra como una demanda de proyección histórica. Es cierto que podemos entrar a un nuevo periodo de disputa política para buscar nuevos quiebres democráticos desde la propia institucionalidad burguesa, para darle un contenido popular a estas instancias. La apuesta va en sentido a la inclusión de sectores sociales hoy apartados de las decisiones nacionales. Sin embargo, hay que advertir que sobre este asunto el debate aún es insuficiente y, por ende, el desconocimiento del marco jurídico o estructural de un nuevo contrato social. Aquí también la derecha gana terreno a través del monopolio mediático, desde donde se insiste en las bondades del capítulo económico de la Constitución fujimorista, a pesar de que en estas últimas décadas esto ha significado al país entrar en un proceso de empobrecimiento a gran escala (desmontando el mito del “milagro peruano”), con contratos beneficiosos para las grandes transnacionales y lesivos para los pueblos originarios, con mayor precarización del sistema laboral para beneficio del emporio empresarial reunido en gremios como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y en detrimento del debilitado y minúsculo movimiento sindical peruano.

En tanto, sigue siendo urgente seguir disputándole la calle a la represión policial y desde la propia dinámica de la lucha de clases buscar romper la hegemonía sociocultural de la burguesía y sus operadores políticos. La dictadura de la Boluarte caerá, eso es seguro (sus propios socios de la derecha ya están empezando a alejarse y dejarla sola). Y debemos preparar la ofensiva para el siguiente escenario de lucha. Este es un proceso, con avances y reveses, que no se debe abandonar ni subestimar. A nivel nacional se están fortaleciendo los espacios asamblearios de toma de decisiones y se está fortaleciendo la unidad desde la lucha entre los diversos sectores que van sumándose a la respuesta firme del pueblo. Pese a los muertos, heridos, detenidos y perseguidos, la moral combatiente no decae en los de abajo. Esto lo sabe el poder de turno, por ello no duda en afinar la represión al nivel de terrorismo de Estado. La apuesta inmediata, para las franjas de izquierda con intención revolucionaria, debería ser el capitalizar todo el descontento popular y buscar reconstruir una nueva alternativa de masas que logre interpretar la complejidad de los nuevos tiempos y plasme una propuesta política de transformación clara y contundente.

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