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Diana Sánchez Lara, defensora de Derechos Humanos en Colombia desde hace más de 30 años. Ha jugado, junto a la Asociación Minga, la Plataforma de Derechos Humanos Colombia – Europa – Estados Unidos y diversas organizaciones, un papel fundamental en la defensa de comunidades campesinas e indígenas en medio del conflicto armado, el empoderamiento de las mujeres rurales y el acceso a la tierra en condiciones de paz y equidad mediante el trabajo en territorio.

Su labor es parte del trabajo continuado de diversos referentes en defensa de la vida, la autonomía, la tierra y la dignidad de comunidades rurales en el contexto de la guerra histórica y el abandono estatal de Colombia.

 

Queríamos charlar un poquito sobre el tema de los derechos humanos que es tan importante en este momento en Colombia y en el continente. Sobre todo en la coyuntura de las elecciones que estamos viviendo acá en Colombia: está próximo a terminar el gobierno de Iván Duque ¿Cómo observas la crisis humanitaria, la violencia política y la represión que se está viviendo?

En primer lugar, Sergio, quería decirte que los derechos humanos siempre han sido muy importantes, no es de ahora, es desde siempre. Lo que pasa es que en nuestro continente -en particular en Colombia pero no exclusivamente- las clases políticas y las élites políticas tradicionales y económicas, siempre han hecho ver a los derechos humanos como algo negativo. Le han generado una matriz de opinión como que los derechos humanos son de izquierda, que los derechos humanos son exigencias de las rebeldías, de la oposición, pero nunca dejaron ver que los derechos humanos son fundamentales para la vida digna de estas sociedades. Los derechos humanos, sí, son productos de las luchas sociales pero han sido plasmados en los organismos internacionales más importantes que los mismos gobiernos han creado, como Naciones Unidas, o el sistema interamericano y quienes defendemos los derechos humanos lo hacemos conscientes de que son producto de las luchas sociales, pero son ganancias, porque efectivamente son para el bienestar de la sociedad.

Los derechos humanos se han estigmatizado mucho en Colombia, porque se han ubicado como parte del conflicto armado, entonces se ha generado una matriz negativa y hay gente que no quisiera que se hable de derechos humanos porque lo ven como algo negativo, como que no convoca a cosas buenas. Lo que hemos hecho a través del tiempo es romper esa matriz de opinión, cambiarla y ver que no solamente se tienen que leer cuando hay violaciones o vulneraciones de ellos, sino también cuando hay goce de ellos. Es decir, cuando hay agua, cuando hay energía, cuando hay alimentación, cuando hay un ambiente sano, cuando hay tranquilidad. Eso es una materialización de los derechos humanos, y esa es la lucha que ponemos: quitarle todo ese sesgo que le imprimieron los estados, los gobiernos, y la clase política tradicional conservadora para ponerlos en positivo y que la gente entienda que es para todos y todas, que es una lucha loable y que la realización nos hará un poco más felices.

 

Lo ideologizan como si fuera sólo de la izquierda.

Claro, cuando son los países a través de los convenios internacionales, los Estados de izquierda y de derecha que han tenido que firmar. Un ejemplo es la declaración de los derechos humanos de 1948. Colombia, por ejemplo, fue una de los primeros países en reconocerlo y firmarlo y de ahí en adelante todos los convenios que tenemos en materia de derechos humanos en Colombia están asociados al bloque de la constitucionalidad. Es decir, todo lo que se firma en materia de derechos humanos a nivel internacional entra a la legislación del país, como si fuera parte de la Constitución. Tiene rango.

 

En referencia a eso que tú nombrabas de la matriz de opinión que baja del gobierno, los medios de comunicación utilizan mucho el término “asesinatos colectivos” cuando se refieren a masacres (NdA: en Colombia, masacre hace referencia a eventos bélicos contra la población civil) ¿Cómo hacer para cambiarlo y devolver el significado al concepto de masacre?

Yo creo mucho en la movilización social, en la presión social, en el poder de la ciudadanía, de la población, de los pueblos para lograr romper el enfoque, la connotación y el concepto de una palabra. Y acá legalmente , constitucionalmente, jurídicamente, se tienen establecidas masacres y a nivel internacional también. Entonces, una masacre está conceptualizada como el asesinato de varias personas al mismo tiempo, en la misma circunstancia y con los mismos actores victimarios y eso es lo que ha imperado en Colombia y desde ahí siempre la constitucionalidad, la sociedad civil y los medios de comunicación lo han manejado. Sin embargo este gobierno de Iván Duque, el del Uribimismo, el de la extrema derecha, lo que hace es cambiar la terminología para quitarle fuerza y para deslegitimar la naturaleza de algunos conceptos, entre ellos el de paz: aquí siempre se habló de conflicto armado y el uribismo ha negado que exista, ha dicho que aquí lo que existe es terrorismo, eso es una matriz creada. Ahora, en el acuerdo de paz del 2016, el uribismo volvió a través de Iván Duque y no habló de conflicto armado ni de proceso de paz sino de “paso a legalidad” y le cambiaron el léxico a todo. Con esa manipulación le quitan el nombre masacre, que en Colombia tiene una connotación muy fuerte. Cuando se habla de masacre nuestra memoria nos lleva a todas esos horrores que hemos vivido, tiene una carga de significante muy alta y el gobierno para bajarla le hace un giro y le pone “asesinatos colectivos”, pero eso se cayó prontamente, aquí a eso la gente no le puso atención y seguimos hablando de masacres, fue un intento de cambiar la connotación, o el significante del concepto, para ponerle uno más suave, que no sonara tan duro.

 

La paz, en el fondo, era hacer acuerdos, como ellos nos advirtieron, están en deuda con los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Yo diría que no la paz, yo diría que el Estado Colombiano, porque la paz es una búsqueda que todavía tenemos, es un valor mayor que seguimos buscando y queremos alcanzar. El proceso de paz como tal, no tendría la deuda, quien tiene la deuda es el gobierno Colombiano. Claro, tampoco es el gobierno en su totalidad, porque también durante el gobierno hubo violencia, bajaron los índices sustancialmente y a pesar de que estamos totalmente de acuerdo con el proceso de paz y el pacto que se hizo, creemos que al final no se metió tanto el pedal para que haya más avances.

Hubo muchos problemas para que en el Congreso la clase política que acompañaba al gobierno de Juan Manuel Santos apoyara la legislación que se necesitaba para avanzar en el acuerdo de paz, en la implementación. Quedaron en deuda cosas muy importantes. El primer punto de reforma rural integral, el de participación, no se avanzó en eso, y tiene que ver con los defensores de derechos humanos, porque los líderes y lideresas comprometidos con el proceso de paz y con la constitución de cultivo se han visto afectados porque tampoco ha avanzado el primer punto de reforma rural integral. Todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y la sustitución de cultivos está asociado a una reforma rural integral. Mientras no haya reforma la gente va a seguir viviendo de los cultivos porque no tiene otra opción.

Por otra parte el gobierno de Juan Manuel Santos, estaba comprometido con la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad. Esa comisión es un mecanismo que quedó establecido en el acuerdo de paz, precedido por el gobierno nacional para generar la política de desmonte del paramilitarismo y el crimen organizado. Ahí se puso mucha expectativa, tanto por parte de las FARC, la sociedad organizada y del movimiento al que pertenezco, para que se hiciera un trabajo de identificar cuáles son las causas, las razones y los financiadores y quienes protegen al crimen organizado. No solamente quienes son en la práctica, lo material, sino quienes desde el Estado lo apoyan para que sigan creciendo. Santos no avanzó mucho en esa comisión. Sí se reunían y hablaban de los líderes sociales, los diagnósticos, pero nada de eso avanzó a la política. Llegado Duque eso se paralizó completamente, porque a ellos no les interesa el origen, no les interesa el desmonte para militarismo, el desmonte de la violencia, porque ellos lucran con el conflicto armado y el narcotráfico. Así, esa comisión tan importante pasó a ser una comisión de muy bajo valor y gracias a las presiones de los movimientos de derechos humanos internacionales este gobierno tuvo que convocar nuevamente pero la ningunearon. Tiene un rango de ley, está creada por decreto ley y aún así la bajaron y pusieron por encima otros mecanismos gubernamentales y hasta el momento no se ha realizado la política. La gente le pidió a este gobierno que presente su política para el desmonte del militarismo y le respondieron con una política ordinaria de defensa y seguridad. Se necesita una política especial, extraordinaria, entonces la Comisión está en este momento corriendo para ver qué presenta. Los derechos humanos tenemos asiento en esa comisión y por eso sabemos todo. Ese es un ejemplo de que es el Estado el que no ha hecho lo suficiente para proteger y garantizar las medidas de los defensores de derechos humanos, más que la paz. Porque si uno lee todo el acuerdo es muy generoso en mecanismos e instrumentos legales para avanzar en las garantías más que en la protección física, eso me parece que es necesario aclararlo.

Nosotros tenemos discusiones con el gobierno, con el Estado colombiano porque siempre se pegaron de la protección física y así crearon la Unidad de Protección, que fue una idea nuestra y la desvirtuaron totalmente y la volvieron física y material y eso no es suficiente. Aquí se necesita una política de garantías integral. En el acuerdo de paz quedó un punto, el 3.4, que es el de garantía de seguridad humana -no militar ni policial- para garantizar la vida de líderes sociales, ex combatientes y comunidades en alto riesgo. Este gobierno ha desechado eso, les quitaron los enfoques de seguridad humana que tenían y le pusieron el enfoque de seguridad militar y policial, y eso no se necesita, de eso hemos tenido toda la vida.

Además las instituciones militares y policiales son altamente corruptas y están aliadas con el narcotráfico, con los paramilitares, con las disidencias, con los ilegales, para atacar a los movimientos sociales y a los líderes sociales, así pues no se puede tener confianza. Este gobierno lo que ha hecho es simular la paz ¿qué significa simular? Aparentar que la está implantando pero realmente lo que está haciendo por debajo es metiendo otra cosa. Están metiendo su política autoritaria, centralista, militarista, despojadora, no deja avanzar.

Hay una responsabilidad sustancial en la masacre de los líderes, pero además a eso hay que agregarle que este gobierno no tiene empatía con los movimientos sociales, los sectores populares, rurales ni con el pueblo indígena que, según el gobierno “no se deja proteger”. Sí, ellos guardan su autonomía, tienen su gobierno propio y ellos controlan su territorio, pero este gobierno dejó crecer la desidia en su territorio. No ha hecho nada, por el contrario la ha dejado crecer porque saben que esas disidencias le dan duro al movimiento indígena y este gobierno odia al movimiento indígena. Hay una complementariedad, una sinergia entre el gobierno, sus fuerzas militares con grupos ilegales que no están de acuerdo con un movimiento social, porque los movimientos también tienen una guerra contra las drogas y cuando se los asesina se dice que los mató el narcotráfico de manera ilegal y que el Estado no tiene nada que ver.

Entonces, ¿para qué está el Estado? ¿para qué tiene semejante presupuesto? El presupuesto de defensa llega a los 36 billones de pesos ¿En dónde se ve reflejada? Ni controlan el narcotráfico, ni controlan grupos, ni protegen comunidades.

 

Diana Sánchez LaraDiana Sánchez Lara. Fuente Google

 

En este mes las mujeres han salido en su lucha. Mujeres y tierra. El acceso de las mujeres a la tierra y todo este tema en la ruralidad es muy importante. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre ese tema.

Bueno si, en Colombia la lucha feminista es como en el resto de América Latina, pero son distintas. En Colombia, que es un país que ha estado históricamente metido en un conflicto armado, que es machista, patriarcal, violento, agresivo, excluyente porque no es de todos. En medio de eso el movimiento feminista ha dado movilizaciones muy importantes, pero esas movilizaciones en principio han sido por la vida, porque nosotros nos hemos desgastado peleando por el derecho a la vida. Y claro, todo el resto de derechos son importantes, pero cuando tu no tienes que pelearte por la vida, porque no te matan por pelear. En Ecuador, o en Bolivia ahora en Argentina o en Chile, no te matan porque porque protestes o reivindiques derechos. Obviamente no te vas a desgastar en reivindicar ese derecho a la vida, te desgastas en la reivindicación del derecho a la participación, al agua, al medio ambiente, a la alimentación sana, al trabajo, a la vivienda.

No quiero decir que no hayamos peleado por lo otro, pero a quienes han peleado por lo otro también los matan; en ese marco pues, las luchas de las mujeres por sus derechos siempre fueron eclipsadas.
Las mujeres son mayormente víctimas de las violencias, porque sus esposos, compañeros, sus hijos, sus padres, sus madres también han sido asesinados, desaparecidos, desplazados, etc. entonces sus luchas han sido realmente por subsistir, eso eclipsó durante mucho tiempo otras luchas feministas que seguramente en otros países del cono sur se vivieron, pero aquí un poco más tarde, sobre todo a partir del proceso de paz se evidenció la excursión mayor de las mujeres a la tenencia de la tierra, al uso de la tierra porque siempre han estado sujetas a sus compañeros, a los hombres. Es un tema muy masculino, muy patriarcal y así está toda la legislación. Cuando uno va a mirar, empieza a notar que nosotras nos casamos y entonces somos De Sánchez, De Rodríguez.

 

La propiedad.

La propiedad. Y de esa propiedad viene toda la propiedad económica. Entonces la tierra siempre ha quedado a nombre de el marido, el compañero. Los bienes, la casa también. Todo. Los vehículos, hasta los hijos, porque a los hijos les queda el apellido. Deconstruir eso es bien complejo, más en el marco de un país como el colombiano, donde la ruralidad ha estado presa de la violencia. Y las mujeres, sin capacidad de lucha y por el miedo, por la sugestión, por el miedo, por la subordinación y por la falta de empoderamiento para reivindicar sus derechos.

Ha sido un proceso lento, difícil. Cuando no hay un movimiento rural empoderado de las mujeres es difícil. Eso se ha venido haciendo en los últimos años. Las feministas obviamente reivindican, me refiero más a las de la ciudad, porque también hay que ver que hay debates muy diferenciados entre el feminismo urbano, el feminismo intelectual, el feminismo académico, el feminismo de activistas, blanco, que tiene sus raíces en Europa y en Estados Unidos, y el feminismo muy sirviente de la ruralidad. Porque las mujeres rurales tienen una mirada más integral que nosotras. Las feministas dirán que es una mirada patriarcal, de acuerdo, pero ellas no tienen por qué tener esa lectura etnocéntrica, eurocéntrica del feminismo.

Si la tierra no está a nombre de las mujeres ellas no pueden avanzar y eso es una lucha difícil. Sobre todo porque no se ha roto el patriarcado en el Estado. Yo no sé exactamente en las estadísticas como está la recuperación de tierras por parte de las mujeres. Habría que ver qué tanto se ha avanzado en la devolución de tierras.

 

Ya habías tocado el tema Cauca, sobre la comunidad Nasa (*comunidad indígena reconocida por el Estado pero en conflicto territorial) y su resistencia milenaria. ¿Cómo defender el territorio y el ejercicio de derecho propio de los pueblos indígenas?

Bueno, constitucionalmente, los pueblos indígenas y los afros son reconocidos como pueblos étnicos. Eso es un avance de la constitución del ‘91. Lo que llega a volverse normal es porque es producto de luchas sociales y mucha sangre. En alguna coyuntura, en algún momento y alguna conciencia de movimientos políticos de izquierda, progresista, demócratas que logran también incorporar eso en las intencionalidades. Aquí hablemos de la constituyente del 2001 que logró reconocer a los pueblos étnicos indígenas y afros como pueblos autónomos, con derecho propio que además tenían derecho a su propia gobernabilidad. A pesar de que eso se ha desarrollado en estos 30 años en otras normas menores, leyes, decretos, se les niega a darles realmente el poder autónomo que deberían. El pueblo Nasa es un pueblo de los más luchadores y reivindicadores de su cultura y son conscientes que ellos tienen ese derecho ganado. Ellos dicen: nosotros no queremos salirnos del Estado Colombiano, pero necesitamos que el Estado Colombiano nos permita ser autónomos en nuestros territorios y ser gobierno con todo nuestro enfoque cultural. Y ahí está el tema de seguridad, nuestra seguridad no es la seguridad de las fuerzas militares. Nuestra seguridad propia es la guardia indígena. Es la seguridad política, nuestras consejerías.

 

Hace poco asesinaron a un consejero.

Tutelas se llaman, que significa consejero, director, coordinador, un hombre muy importante.

En esos territorios las FARC y los paramilitares se metieron hace muchísimos años, y ellos no aceptan, sobre todo las FARC, nunca aceptaron la autonomía de los pueblos indígenas y afro. Porque las FARC le dieron tan duro a los pueblos étnicos como a los que los enfrentaron a ellos y los pueblos Nasa fueron altamente victimizados por las FARC, que nunca tuvieron un enfoque diferencial, nunca tuvieron respeto por los pueblos y siempre fueron impositivos y autoritarios, eran la versión de izquierda del gobierno. Eso le costó al pueblo Nasa muchos muertos, pero como tienen por convicción no a las armas se han enfrentado a los paramilitares y a la fuerza pública. Esto hace que su autodeterminación como pueblo les resulte muy costosa en vidas, porque los atacan las guerrillas, las disidencias, los paramilitares y la fuerza pública. Entonces tienen todo un entramado de violencia y ellos están defendiéndose con sus guardias, con sus gobernadores y líderes propios. También internamente tienen presiones, porque la gente ya está harta de que la maten; han habido movimientos dentro de las propias comunidades que se arman y ellos están en la lucha de “no nos vamos a armar”,y la presión es tenaz. Todos los días un muerto…

Es clarísimo quién está permitiendo esto. Puede que no sean los militares los que están disparando, pero esos militares están permitiendo que los otros lo hagan. Entonces la responsabilidad es 100% del Estado y del gobierno colombiano porque no permiten esa autonomía. Y eso le incomoda a los terratenientes, le incomoda a las empresas, a los que son dueños de todos esos territorios, porque resisten a los indígenas. Ese es el costo de tratar de mantener la autonomía.

Cuando (el ex presidente) Santos estaba terminando su segundo periodo y ya el proceso de paz había cuajado y quedaban las últimas cositas para desarrollar a través de políticas, se creó un programa desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior para proteger a las comunidades vulnerables. Ahí nos llamaron las plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales para participar en esa construcción. Yo personalmente estuve ahí participando, como movimiento social de derechos humanos, no solamente por Minga, sino por la plataforma que representamos que es muy grande. Allí obviamente los indígenas que estaban, propusieron que la guardia fuera reconocida en ese instrumento de política que iba a salir y el gobierno no quiso. No quiso porque ellos saben que si le dan ese reconocimiento sería darles la autonomía en los territorios, en dónde ellos son los que van a controlar los territorios y no la fuerza pública. Ese reconocimiento este Estado no lo van a dar.

Twitter de Diana Sánchez Lara. Twitter de Asociación MINGA.•

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Lo Político

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