El próximo 04 de septiembre a través de un referéndum las y los chilenos decidirán la aprobación o rechazo de la nueva carta magna.
Aunque parezca increíble, hasta el día de hoy en Chile rige la Constitución elaborada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Este marco jurídico–político fue diseñado en su gran mayoría por el ideólogo del régimen de la época: Jaime Guzmán Errázuriz, un conservador de ultraderecha y profesor de derecho de la Universidad Católica de Chile que en 1991 fue ejecutado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo.
Esta Constitución delineó perfectamente el camino que se había planeado para Chile desde la Universidad de Chicago: Milton Friedman y sus “Chicago Boys” debían, no sólo implantar el modelo neoliberal de forma radical, sino que además darle continuidad en el tiempo y asegurar un conjunto de normativas que conduzcan la educación, la salud, vivienda y pensiones a manos privadas y a los vaivenes de la especulación financiera. Para garantizar que esto no pudiese ser modificado bajo reformas en posteriores gobiernos y/o mayorías parlamentarias circunstanciales se diseñó un sistema político que hiciera inviable cualquier atisbo de cambio.
Y este candado lo selló el Sistema Binominal que por décadas hacía valer el 65% igual al 35%, normativas de dos tercios -inalcanzables con el sistema mencionado-, y el Tribunal Constitucional -elegido a dedo- que oficiaba como una tercera cámara legislativa con Senadores designados y vitalicios (cargo que hasta el mismísimo Pinochet ostentó).
Toda esta batería de elementos llevó a la gobernanza de los grandes grupos económicos y sus partidos, inclusive no estando en el poder, tal lo cual lo señala Guzmán en sus charlas de formación política para sus adherentes.
Por otro lado, la Concertación, una coalición de partidos que tuvo a cargo el país en el período de transición post-dictadura, en vez de forzar los cambios democráticos que anhelaban las grandes mayorías,se dedicó a hacer negocios. Esto llevó a que durante décadas los gobiernos parecieran directorios de alguna gran corporación que se turnaban cada 4 años la administración de este oasis neoliberal.
Los candados de la Constitución del ‘80, una élite política acomodada y una oligarquía que arrasaba con todo lo que tenía a su paso llevaron a Chile a una situación nunca antes vista en sus 200 años de historia: el viernes 18 de octubre del 2019 la gente dijo ¡BASTA!.
La revuelta popular de esos meses derivó en una crisis política que para apaciguar el descontento selló un acuerdo y un calendario que daba la oportunidad de escribir una nueva Constitución. Ese acuerdo fue profundamente mejorado por la presión de los movimientos sociales que lograron algo inédito hasta ahora en todo el mundo: una asamblea constituyente paritaria, con participación de los pueblos originarios y con apertura a organizaciones de la sociedad civil en listas de independientes.
Fue así como la conformación del órgano redactor fue elegido por votación popular y la sabiduría de los electores dejó atrás uno de los grandes cerrojos del resabio pinochetista -el quórum de dos tercios- que dejó sin poder de veto a la derecha nostálgica de los días de militares en La Moneda.
Este proceso se ha llevado a cabo con la propias contradicciones, con los errores de la gente común que nunca habían participado de una instancia de esta envergadura y relevancia, con las diferencias de los muchos Chiles, de las primeras naciones, de los movimientos sociales y por supuesto del boicot constante de los representantes del gran capital dentro de la misma convención.
Para mayor amplitud, las discusiones trataron de llevarse a todos los rincones del país, a los territorios más alejados y postergados en donde quedaron de manifiesto los intereses que representaban cada colectivo dentro del órgano redactor.
Las noticias falsas abundaron durante el poco tiempo en que se deliberó. Estas fake news no solo venían de los famosos bots de Twitter, sino que también hacían resonancia en los grandes y “prestigiosos” medios de comunicación que innumerables veces tuvieron que salir a desdecirse por el bochornoso papel de sus editores.
Y así, con todas estas vicisitudes y dificultades, es que por fin vio la luz el nuevo borrador del nuevo acuerdo social que desea dejar atrás el Chile neoliberal para dar paso al aseguramiento de los derechos sociales, la protección del medio ambiente, el reconocimiento de diferentes naciones dentro del territorio y muchos avances en distintas materias que cualquier Estado moderno debe garantizar.
Finalmente, esta hazaña popular del pueblo chileno se votará el próximo 04 de septiembre bajo la modalidad de voto obligatorio. Ese mismo día se cumplirán 52 años de otra elección, en donde las y los chilenos habían escogido un camino hacia una sociedad de derechos bajo la conducción de Salvador Allende. Un camino que fue truncado por quienes hoy intentan deslegitimar esta nueva carta magna constitucional.
Colaboración de Fernando Bermello, desde Chile.